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Se acaba el tiempo: se necesitan acciones concretas y rápidas para hacer cumplir los derechos de participación de los trabajadores en la anticipación y gestión del impacto de la crisis COVID-19
Tres meses después de que la crisis de salud de COVID-19 golpeara al mundo y miles perdieran la vida, la Unión Europea se enfrenta ahora a procesos masivos de reestructuración en diferentes sectores.
El diálogo social, la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en el lugar de trabajo son clave para configurar procesos de reestructuración responsables.
Los derechos de los trabajadores a la información, consulta y participación derivados de la legislación nacional y de la UE deben hacerse cumplir y cumplirse, ya que la reestructuración afectará su salud, sus condiciones de trabajo y sus trabajos, y por lo tanto, antes de que se tome una decisión.
Este es un requisito previo para que cualquier reestructuración se anticipe y gestione de manera socialmente responsable. La implementación del acuerdo de los interlocutores sociales de la UE sobre derechos de información y consulta para trabajadores y funcionarios públicos en las administraciones del gobierno central por una Directiva se ha vuelto aún más urgente.
Desafortunadamente, la práctica comercial muestra muy poca o ninguna participación de los representantes de los trabajadores y los sindicatos en la toma de decisiones estratégicas, si las hay.
Es inaceptable que, en esta dramática crisis, las empresas y las gerencias no cumplan con sus obligaciones legales de informar y consultar a los representantes de los trabajadores antes de tomar decisiones que afectarán los empleos y las condiciones laborales.
Es inaceptable que las autoridades públicas no intervengan para garantizar que los derechos de los trabajadores en esta área se apliquen plenamente.
En uno de los momentos más críticos para los trabajadores europeos, sus representantes en el lugar de trabajo deben, tanto a nivel nacional como europeo, y antes de tomar cualquier decisión, tener:

  • acceso oportuno a información actualizada significativa y completa sobre el posible impacto de la crisis COVID-19 en el desempeño económico de la empresa, en los empleos y las condiciones de trabajo;
  • suficiente tiempo y recursos para realizar una evaluación en profundidad de la información proporcionada con el apoyo de expertos económicos / financieros para trabajar en alternativas a los despidos, cierres y cualquier otra medida que afecte negativamente los intereses de los trabajadores;
  • la oportunidad genuina de discutir esas alternativas con los tomadores de decisiones reales, incluidos la alta dirección y los miembros de la junta (si los hay), quienes deben proporcionar una respuesta motivada a las alternativas propuestas y justificar la decisión final que se tomará;
  • la garantía de que el incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y participación justifica sanciones disuasorias, es decir, la suspensión de la decisión de la gerencia hasta que se respeten adecuadamente los derechos de los trabajadores.

Hacemos un llamamiento a las instituciones europeas y nacionales para que realicen acciones concretas y rápidas para garantizar la aplicación efectiva de los derechos de los trabajadores a ser informados, consultados y a participar en la toma de decisiones antes de adoptar cualquier decisión. Debe aclararse que el impacto socioeconómico de la crisis COVID-19 suscita la obligación de la administración de lanzar procesos de información y consulta nacionales y transnacionales con los representantes de los trabajadores lo antes posible.
El tiempo se está acabando e insistimos en la urgencia de la situación: los planes de reestructuración masiva relacionados con COVID-19 ya han comenzado. El diálogo social oportuno y de calidad en el lugar de trabajo es un pilar necesario para garantizar una salida de la crisis de COVID-19 de una manera socialmente responsable.
Isabelle Schömann, secretaria confederal de la CES
Luc Triangle, secretario general de IndustriAll Europe
Oliver Röthig, Secretario regional de UNI-Europa
Kristjan Bragason, Secretario General de EFFAT
Jan Willem Goudriaan, Secretario General de la FSESP
Livia Spera, secretaria general interina de la ETF
Tom Deleu, Secretario General de EFBWW
Versión en PDF de la declaración disponible aquí.

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